«La» masacre de Malmedy. Primeras alegaciones

(Viene de Joachim Peiper y “la” matanza de Malmedy)

Peiper y Dietrich se retractaron de sus declaraciones, pero el testimonio de varios de sus subordinados hizo que los condenaran. El abogado de la defensa, el teniente coronel Willis M. Everett, que estaba seguro de que eran culpables, convenció a varios SS para que no declararan contra sí mismos. Por el contrario, Joaquim Peiper, se ofreció voluntariamente a responsabilizarse de todo si con ello se absolvía a sus hombres, oferta que fue rechazada por los jueces. Este gesto de Peiper no impresionó demasiado al tribunal, pero sí a Everett, un «gentleman» de una de las mejores familias de Atlanta, que dedicaría durante años grandes esfuerzos a favor de los acusados. Las condenas: 73 procesados de la 1º SS Leibstandarte, todos excepto uno culpables. La mayoría condenados a muerte, el resto a condenas de prisión, de perpetua a 20-10 años. El detalle de las condenas en este enlace.

Primeras alegaciones

Pero… se podía alegar. Según describe James J. Weingartner, en «A Peculiar Crusade: Willis M. Everett and the Malmedy Massacre», (New York University Press 2000) Peiper presentó a Everett un resumen de las alegaciones del abuso hechas a él por sus soldados, y que el único que se había suicidado antes del juicio, Arvid Freimuth, de 18 años, se había colgado en su celda después de haber sido golpeado varias veces para que firmase una confesión en la que incriminaba a varios compañeros y a sí mismo. Una confesión que se había presentado en el juicio, pese a que no se habían firmado todas las hojas.

Los más activos defensores de los acusados, dentro de Alemania, fueron el abogado Rudolf Aschenauer, la  princesa Helena de Isenburg y dos obispos, el protestante de Wurtemberg Theophil Wurm, y el católico Johannes Neuhäusler de Munich, que además había sido recluido en Dachau. El entonces Teniente coronel Everett, en la vida civil un acomodado abogado de Atlanta, se implicó en la defensa como algo personal y siguió en la defensa aunque había sido desmilitarizado.

Argumentos de los defensores:  Los norteamericanos también habían ejecutado prisioneros. Sin ir más lejos, en el mismo lugar donde tenía lugar el juicio, el campo de concentración de Dachau, los soldados de la 45ª División de infantería habían fusilado sin juicio a varios soldados de la Waffen SS que estaban de guarnición en el campo inmediatamente después de llegar al mismo y ver el espectáculo. Hay que mencionar, además, que estos SS llevaban apenas unos días en el KZ, pues la mayoría de los guardianes habituales habían desertado.

Además, la mayoría del personal norteamericano que trabajaba en este y otros juicios por crímenes de guerra eran emigrados alemanes recién llegados a los EEUU. El jefe de los interrogadores fue el teniente William Perl, un judío de orígen austríaco, nacionalizado en 1940, casado con una superviviente de Ravensbrück. El fiscal jefe (Trial Judge Advocate) fue el Teniente Coronel Burton F. Ellis, un abogado judío que no tenían experiencia previa en juicios militares. Sucedía a Dwight Fanton, el fiscal durante los interrogatorios, que también era judío, así como el primer defensor de los SS, un abogado civil, emigrado de Alemania después de la llegada de los nazis al poder. No había demasiados germanoparlantes en los EEUU (ni angloparlantes alemanes), y evidentemente este colectivo era el más numeroso entre los que podían (y querían) trabajar en estos casos.

Everett (que no hablaba alemán) presentó un informe de 228 páginas sobre los interrogatorios anteriores al juicio, y sobre el juicio, a los oficiales encargados de la revisión automática del caso, incluyendo las acusaciones de tortura contra los interrogadores. Las sentencias a muerte se revisaron y de 42 pasaron a ser 12, sin que Peiper se beneficiase de la conmutación, así que Everett decidió presentar una petición al Tribunal Supremo de los EEUU de habeas corpus (es decir, que declararan si el arresto había sido o no legal) para todos los acusados, haciendo hincapié tanto en que las confesiones habían sido forzadas, como en que los interrogadores eran «recién llegados», no nacidos en los EEUU, y además muchos de ellos de religión judía. En cambio, las acciones equivalentes de soldados norteamericanos fusilando prisioneros ya no se mencionaban.

Finalmente se creó un comité de investigación norteamericano en el verano de 1948, llamado la «Comisión Simpson» por su presidente, juez del Tribunal Supremo de Texas. Este comité tenía como misión revisar todos los casos en los que habían intervenido estos interrogadores y el fiscal teniente coronel Burton F. Ellis. Estos incluían, además del «juicio de Malmedy», a otros 65 juicios colectivos por crímenes de guerra a soldados y civiles alemanes, acusados de haber asesinado a pilotos aliados. Entre los miembros de esta comisión estaba, entre otros, el juez Edward L. Van Roden, con hijos que habían servido en las fuerzas aéreas.

En su informe final, el 15-9-48, la «Comisión Simpson» encontró que los juicios habían sido bien llevados y  eran legítimos, si bien criticaba algunos de los métodos de los interrogatorios, ya que los prisioneros en ocasiones habían recibido la impresión de que, si no confesaban antes que otros, serían ellos los condenados. Pero no encontró evidencias de malos tratos físicos. Recomendaba conmutar 29 de las 139 condenas de muerte a cadena perpetua,  entre ellas las 12 que quedaban del caso de Malmedy.

(Continúa en Malmedy, Dietrich y Peiper. El célebre artículo “de” Van Roden)